Los recientes hechos de violencia en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama y la posterior ola de amenazas de tiroteos en todo el país no pueden leerse como episodios aislados. Lo ocurrido en Calama, donde un estudiante terminó con la vida de una inspectora, no inauguró la violencia, pero sí visibilizó con crudeza una fractura social que venía incubándose hace tiempo.
En este contexto, resulta especialmente lúcido el análisis de la neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes, quien tensiona el concepto de “violencia escolar”, señalando que no se trata de una violencia originada en la escuela, sino de una violencia social que irrumpe en ella, expresión de procesos más amplios de precarización de la vida cotidiana, debilitamiento de redes de cuidado, sufrimiento psíquico y exposición temprana a entornos digitales profundamente desregulados, que muchas veces la escuela debe enfrentar sola.
Nombrar el fenómeno exclusivamente como “violencia escolar” corre el riesgo de encapsular el problema en el espacio educativo, como si la escuela fuese la causa y no el espacio institucional en que se expresan tensiones sociales, familiares, culturales y subjetivas mucho más profundas.
La pregunta, entonces, no es solo cómo ingresó un arma al establecimiento. La pregunta de fondo es qué falló antes: qué señales no fueron leídas por las instituciones responsables y qué dispositivos estatales, comunitarios y familiares no lograron intervenir oportunamente.
Nuestro sistema educativo ha avanzado en mecanismos de alerta temprana para prevenir el abandono escolar y la desvinculación de trayectorias. Sin embargo, todavía estamos lejos de contar con sistemas robustos de detección e intervención frente a situaciones extremas de vulneración de derechos, deterioro severo de la salud mental, negligencia familiar o riesgo social agudo.
Por ello, las respuestas que hoy se instalan en la agenda pública —revisión de mochilas, detectores de metales, controles de acceso— resultan, en el mejor de los casos, medidas reactivas y parciales. Son respuestas orientadas a la vigilancia, al control y al castigo, pero no abordan el problema estructural. Más aún, existe el riesgo de que se implementen selectivamente en establecimientos con mayor vulnerabilidad socioeconómica, profundizando procesos de estigmatización sobre infancias y juventudes ya precarizadas.
Tampoco basta leer los hechos como si se tratara simplemente de una “estadounidización” de la violencia juvenil. La violencia que hoy atraviesan nuestras escuelas tiene raíces locales, históricas y profundamente sociales. Al interpretarlo como un fenómeno “de moda” o “imitativo” se corre el enorme riesgo de invisibilizar todas aquellas variables estructurales propias de nuestro sistema.
Las experiencias formativas en torno a la gestión del bienestar y el aprendizaje socioemocional demuestran que el bienestar y la salud mental en las comunidades educativas no son un complemento accesorio del aprendizaje, sino una condición estructural para que la experiencia educativa ocurra. En este sentido, la urgencia en la escuela no es solo mejorar protocolos de seguridad, sino más bien, instalar programas integrales de salud mental escolar, fortalecer sistemas de alerta intersectorial, garantizar el acceso a formación profesional docente, y consolidar políticas educativas que reconozcan el vínculo irrefutable entre bienestar socioemocional y el logro de aprendizajes significativos.
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