Declaración de académicas y académicos del Departamento de Ciencias Históricas ante las actuales circunstancias que aquejan al país

Un connotado literato, Mark Twain, señaló hace más de un siglo que “la historia no se repite pero rima”, y los eventos que han sacudido al país en los últimos días no han hecho más que dar sustento a sus palabras. Una vez más, como en agosto 1949 y en abril de 1957, un alza en el costo del transporte público ha terminado por hacer estallar un tremendo malestar ciudadano ocasionado por décadas de injusticia. Consignas de campaña como una alegría que habría de llegar, gana la gente o la promesa de tiempos mejores, no han sido más que el disfraz que oculta a la demagogia. Los gobiernos democráticos post-dictatoriales heredaron un modelo económico que desde entonces han gestionado y consolidado, dando pie a un incremento en la desigualdad social. Cuando se siembran promesas que engendran expectativas regadas con el cántaro de la frustración es inevitable cosechar rabia, sentimiento que se acrecienta con frases indolentes de autoridades más comprometidas con el ámbito privado que con el compromiso y responsabilidad que demanda la esfera pública: las carencias, la segmentación de los servicios fundamentales y el abuso incontrolado por parte de muchos grupos empresariales, nacionales y extranjeros, son un ejemplo elocuente de esto.

Esta explosión social es resultado de una indignación acumulada que estaba latente en una sociedad que se siente vulnerable, insegura, que no confía en las autoridades, que no se siente representado en los partidos políticos, un país con una inmensa brecha social y alta concentración de la riqueza. Como historiadores e historiadoras tenemos la responsabilidad de aportar al debate de ideas y no análisis superficiales sin densidad, que permita entender el contexto político actual

Una vez más, en consecuencia, se requerirá multiplicar y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y otros actores políticos para avanzar en la construcción de un nuevo acuerdo social, que brinde legitimidad no solo a la salida de este estallido social, sino que además siente las bases de un nuevo contrato social, que equilibre crecimiento económico con desarrollo perceptible para la mayoría y que otorgue nuevos fundamentos a un contrato político, que se materialice en una constitución genuinamente emanada de la ciudadanía.

Las autoridades han operado con una miopía irresponsable, delatando su incapacidad para leer e interpretar las justas demandas de la ciudadanía, optando por lo superficial al condenarlas con el acomodaticio velo de los desmanes y el desorden. Esta actitud los ha llevado a retroceder los relojes hasta septiembre de 1973, un tiempo que considerábamos superado con el compromiso del “nunca más”. Por lo tanto consideramos que es un requisito inmediato e irrenunciable la inmediata desmilitarización del espacio público mediante el término del estado de emergencia.

Cuando la Historia pasa por las grandes Alamedas, no cabe otra cosa a los historiadores que ponerse al servicio de una reflexión serena, responsable y equilibrada que permita satisfacer la urgencia de estos nuevos acuerdos y contratos sociales.

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