Poco más de un mes ha transcurrido desde que 43 estudiantes mexicanos fueron apresados y desaparecidos en el municipio de Iguala, Guerrero, Estado del sur de México. El episodio, descrito así por la propia Procuraduría General de la República (PGR), partió con un ataque contra buses que transportaban a los estudiantes, perpetrado por policías municipales, quienes ejecutaron a seis personas y “entregaron” a los otros 43 a sicarios de los autodenominados Guerreros Unidos. Desde entonces comenzó una dolorosa espera en la que se ha mezclado rabia, impotencia, movilizaciones, solidaridad internacional y debates por parte de los mexicanos sobre el país que tienen y la posibilidad de un futuro.
Los hechos son macabros, pero más terrible es constatar que no se trata de un suceso aislado, pues, paradójicamente, esos estudiantes habían tomado buses que los llevarían, como todos los años, a Ciudad de México para sumarse a las conmemoraciones de la Matanza de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968; ese deleznable hecho que marcó a fuego lo que a estas alturas constituye una genealogía de asesinatos a estudiantes y ciudadanos movilizados contra el régimen político presidido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El PRI, ese famoso partido de la dictadura perfecta, como se conoce a los 71 años que permaneció ininterrumpidamente en el poder, sin reelecciones, sin golpes militares, eficiente en la cooptación política y dado a la violación del Estado de Derecho cuando las alianzas políticas no prosperan. A esto se agrega un recrudecimiento de la violencia durante los últimos diez años, con un elemento nuevo: el aumento del poder que posee el crimen organizado. Sólo este año se produjo otro caso bullado: la matanza de Tlataya, un municipio del Estado de México, en que 22 personas fueron asesinadas y encontradas en una bodega, ejecutadas por el Ejército según indagaciones de organismos de derechos humanos, los que en colaboración con periodistas y medios de prensa independientes, investigan y difunden lo que ocurre en México.
Una interiorización mínima en la historia reciente de México permite constatar que el horror y el crimen son cotidianos, de ahí la pregunta obvia: ¿qué hizo que el caso de Ayotzinapa traspasara el cerco informativo en México y volviera a despertar la indignación de una sociedad que parecía estar anestesiada frente a la violencia? Varios son los factores que contribuyen a aventurar una respuesta: en primer lugar, que una sospecha antigua de la ciudadanía encontró fundamento, pues en los hechos de Iguala se comprueba el vínculo entre crimen organizado y poder político (la propia PGR reconoce la coordinación de la policía municipal de Iguala y Colula con Guerreros Unidos; también que varios policías implicados son a la vez sicarios; y que el alcalde junto a su esposa-sucesora son integrantes del alto mando de dicha organización criminal). La ciudadanía y las organizaciones sociales también sospechan, ahora con mayores antecedentes, que esta amalgama indistinguible –la narcopolítica– no estaría restringida a los espacios locales.
Esta lectura pone en entredicho el discurso oficial de los últimos gobiernos mexicanos, sustentados en una narrativa de modernización que abraza las políticas neoliberales, declara la guerra al narcotráfico y responsabiliza de la violencia a este último. Los asesinatos de todo tipo son rotulados por las investigaciones oficiales como enfrentamientos entre narcotraficantes (como si eso disminuyera la tragedia humana), ocultando procedimientos ilegales y también crímenes que son resultado de la represión contra la sociedad civil movilizada (asesinatos selectivos, torturas y apremios a maestros, estudiantes, activistas, sacerdotes y periodistas).
Ayotzinapa permitió el posicionamiento público de estos diagnósticos existentes pero de poca repercusión mediática, pues la trayectoria política de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, donde se formaban los futuros maestros rurales desaparecidos, es un hecho indesmentible. En la historia reciente, la Normal de Ayotzinapa es conocida por su crítica al poder de los carteles de la droga en el Estado de Guerrero, por la defensa de su territorio y por el abierto conflicto que tenía con la Alcaldía de Iguala, la causa inmediata que al parecer desató la tragedia. Esto hace inverosímil la tesis del enfrentamiento entre narcotraficantes, a la vez que sustenta la convicción de que se trató de una represión política perpetrada con recursos del Estado.
La historia de esta Escuela Normal tiene raíces más profundas en el tiempo, pues fundada en 1926, en el contexto de las políticas que buscaban concretar las demandas más sentidas de la Revolución Mexicana (aquella que se inició en 1910, mundialmente conocida por sus generales campesinos, principalmente Francisco Villa y Emiliano Zapata), tenía como misión extender la educación formal a las mayorías excluidas, en un México que iniciado el siglo XX superaba el 80% de analfabetismo. Fueron instituciones creadas por el Estado y abandonadas por este tras el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Desde entonces, las Escuelas Normales han sido una piedra en el zapato para un régimen político que fue claudicando en su ideario social y afinando los mecanismos de un control político que aspiraba a ser total: formaron la primera organización de estudiantes de educación superior (la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas, aún activa) y han sido clave en la organización del magisterio. Durante los años sesenta y setenta, también participaron en movimientos armados que surgieron en Guerrero, encabezados por líderes hoy míticos como Lucio Cabañas, maestro egresado de la Normal de Ayotzinapa, que perdió la vida a manos de un Ejército que ejecutó la “guerra sucia”, uno de los episodios más oscuros de la historia de México, en que el Estado, al igual que los aparentemente opuestos regímenes dictatoriales del Cono Sur, aplicó la Doctrina de Seguridad Nacional, practicó la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada (una historia poco conocida en el resto de los países latinoamericanos, que asumían la excepcionalidad democrática mexicana o que, en algunos casos, no quisieron poner en riesgo el apoyo que la política internacional de México concedía a los gobiernos de izquierda).
Es, sostengo aquí, el elemento político el que enlaza a los actores de esta historia caótica. No es posible entender lo que ocurre hoy en México, muchos menos el episodio de Ayotzinapa, sin calibrar las condiciones de posibilidad para el crimen masivo y organizado, proporcionadas por el régimen político, que ha practicado y perfeccionado la impunidad durante décadas, asegurando a cada quien su metro cuadrado de poder e influencia.
México está en crisis, ahora política, pero mucho antes humanitaria. Los asesinados y desaparecidos son miles (las estadísticas oficiales reconocen 22.000 sólo desde el 2005, los organismos de derechos humanos cuestionan esas cifras y afirman que son, al menos, el triple), el desarraigo por la migración forzada y la descomposición del tejido social también se agregan a este escenario apocalíptico. Pero una parte de esta historia nos hace albergar esperanza: la sociedad civil que se moviliza, los que recientemente se han indignado y sienten este dolor como propio, los que por años han insistido en la lucha por afirmar la dignidad humana. Desde este lugar del continente, no podemos menos que reconocernos en una tragedia que también hemos vivido, que no hemos resuelto todavía y que en América Latina se repite de manera cíclica. La sociedad civil mexicana necesita más que nunca el apoyo internacional para alcanzar logros concretos: el fortalecimiento de las organizaciones de derechos humanos; la realización de investigaciones creíbles e independientes para alcanzar la verdad como una primera forma de reparación; por cierto la justicia y, sobre todo, encontrar a los desaparecidos que ningún gobierno, en más de 50 años, ha buscado.
Cuando se hacía público lo de Ayotzinapa me encontraba en México, sentí el agobio y la profunda pena de colegas y estudiantes. Coincidió también con la lectura de la novela Cosecha de huesos de la escritora haitiana Edwidge Danticat, que trata sobre los miles de haitianos asesinados y desaparecidos en República Dominicana a manos del dictador Trujillo en 1937. No me sentí ajena al sentir colectivo, no quiero serlo. Pasaron muchos días antes de atreverme a escribir estas líneas y ahora que puedo, quiero terminar esta crónica diciendo que los 43 estudiantes de Ayotzinapa son también nuestros, que seguiremos esperando, que vivos los queremos.
