El martes 6 de junio recién pasado, ingresó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley sobre Universidades Estatales (Boletín N° 11255-04). Sobre este proyecto el Senado Universitario de la Universidad de Chile declara lo siguiente:
1. Valoramos la intención de reconstruir un sistema coordinado de Universidades del Estado que se transforme en referente del sistema nacional de educación superior y que, coherente con esto, se vincule a los desafíos estratégicos del país.
2. Sin embargo, vemos con extrema preocupación cómo el objetivo central de la propuesta legislativa sobre Universidades Estatales, en vez de centrarse en los desafíos estratégicos que el conocimiento y la sociedad chilena presentan de cara al siglo XXI, se enfoca en convertirlas en proyectos de empresas competitivas bajo las mismas regulaciones que transformaron, con lógicas de mercado, la educación superior en el pasado reciente, generando la crisis que hoy es necesario superar.
3. Para ello, propone, sin aportar evidencia, un modelo de universidad ajeno a la mejor tradición de las instituciones públicas del país, imponiendo una forma de gobierno jerárquica más adecuada para empresas y servicios que para instituciones académicas y del conocimiento. El proyecto desconoce por completo que históricamente, por su propia misión, la Universidad es una comunidad que reflexiona, delinea y decide respecto del funcionamiento, organización, gobierno y administración de la institución. Es lo que se conoce como autonomía universitaria, elemento fundamental para una institución cuya tarea esencial es la reflexión, la búsqueda y creación de conocimiento y que en el presente proyecto se encuentra desdibujado.
4. Una simple lectura del proyecto muestra que este abre la posibilidad de la intervención del poder ejecutivo en la Universidad, ya que permite al Presidente de la República controlar al nuevo máximo órgano colegiado con personas ajenas a la misma. Por otro lado, el gobierno corporativo que se propone concentra la toma de decisiones estratégicas de la Universidad en una réplica del fenecido “Proyecto Ley Marco de Estatales” del año 1997 (Boletín N° 2054-04). Este proyecto generó –entre otros efectos- el rechazo contundente de la comunidad universitaria y el inicio del proceso que desencadenó los referendos de 1998 y1999 y la reforma, en democracia, del Estatuto de la Universidad de Chile, una de las fortalezas más preciadas de la Universidad actual.
5. El contenido del Proyecto de Ley sobre Universidades Estatales no solo representa una involución que destruye la institucionalidad que se ha dado la Universidad de Chile, sino que también afecta a las demás comunidades que son parte del sistema de universidades estatales, las que, por diversas razones, no han podido desmarcarse de sus estatutos impuestos y que, con el Proyecto de Ley, se verán imposibilitadas de hacerlo a futuro. Todo lo anterior hace que esta iniciativa legislativa, en su versión actual, augure conflictos y fricciones en las comunidades universitarias.
6. Por otro lado, coherente con la lógica gerencial que se quiere imprimir a las instituciones de educación superior, el proyecto introduce normativas que eventualmente podrían flexibilizar la vinculación entre la Universidad y su personal académico y no académico, precarizando aún más la condiciones laborales en las universidades. Unido a lo anterior, el proyecto, si bien avanza en la materia, entrega fondos insuficientes para poder enfrentar el enorme desafío de reconstruir universidades abandonadas por el Estado que puedan contribuir significativamente al desarrollo del país y no modifica en su esencia la política de financiamiento del Estado a sus instituciones.
7. Finalmente, además de considerar necesario reformular lo relativo al gobierno universitario en el proyecto, estimamos que se debe avanzar en dos aspectos para poder construir adecuadamente un sistema integrado de educación superior estatal. En primer lugar, es necesario incluir a los institutos profesionales y a los centros de formación técnica estatales recientemente creados y precisar su relación con las universidades, particularmente en la función formativa. En segundo lugar, para superar la falta de coordinación que ha existido hasta ahora y permitir la movilidad real en el sistema, tanto la carrera académica como la funcionaria deben ser equivalentes en todas las universidades.
Por lo anterior, el Senado Universitario de la Universidad de Chile, considerando que el contenido del Proyecto de Ley en su versión actual es un fuerte atentado contra la discusión que la comunidad universitaria ha venido desarrollando desde 1997, hace un llamado a participar activamente en el debate y a agotar las vías institucionales para influir en los tomadores de decisión y lograr introducir mejoras sustanciales en el Proyecto de Ley. El Senado Universitario invita a las comunidades de las Universidades Estatales a ser parte de este debate y a coordinar un curso de acción que permita hacer frente al periodo que se avecina.
