Desde el retorno a la democracia, las Universidades estatales han venido demandando del Estado un compromiso para con ellas, que les permita recuperar su rol preponderante en el desarrollo de la investigación, la reflexión y la formación para contribuir a las necesidades del país y de su gente. El actual Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado busca responder a esta demanda con la intención de fortalecer la Educación Pública.
Lamentablemente, el Proyecto contiene elementos esenciales que malogran este propósito.
En primer término, se propone una estructura de gobierno universitario con una fuerte injerencia del Ejecutivo de turno, que afecta directamente su autonomía. En el caso de la Universidad de Chile, esta propuesta es especialmente gravosa, pues pasa por sobre el amplio proceso deliberativo y participativo que condujo al Estatuto vigente; un Estatuto que reconoce la participación de la comunidad y la distribución de funciones en el marco de la democracia universitaria. El Proyecto significa también un freno a desarrollos similares en otras universidades del Estado, consolidando la forma de gobernanza impuesta por la Dictadura.
En segundo término, el Proyecto conduce a la precarización del régimen jurídico del personal de colaboración de la Universidad. Esto afecta gravemente la concepción de la Universidad como una comunidad formada por académicos, estudiantes y funcionarios, desconociendo la historia y las formas de relación propias de nuestras instituciones.
En tercer término, la propuesta de financiamiento incluida en el Proyecto es claramente insuficiente para todas y cada una de las universidades del Estado. Más aún si se la compara con los ingentes recursos que el mismo Estado ha otorgado en la última década a universidades privadas sin control efectivo ni del uso de estos fondos ni de la calidad académica.
El Consejo de la Facultad de Filosofía y Humanidades llama a rechazar estas propuestas que atentan no solo contra la Universidad de Chile sino contra la existencia de un sistema universitario estatal de calidad, que cuente con un financiamiento adecuado a sus fines y cuyas normas fundamentales permitan la autonomía y la participación de sus comunidades.