"Esta ley hay que rechazarla con toda la fuerza", señaló Roxana Pey, académica de la Universidad de Chile y ex rectora de la Universidad de Aysén, para quien el fondo del problema radica en que no ha existido voluntad real de desmercantilizar la educación superior ni llegar al 100% de la gratuidad.
El conversatorio contó también con la participación de Camila Miranda, estudiante de Derecho de la U. de Chile e integrante de Grupo de Estudios sobre Educación y Neoliberalismo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, quien explicó que no existe en esta propuesta una mirada de proyección sobre las universidades, "no señala la idea de universidad que estará sostenida en la discusión (…) Por otro lado, este proyecto nunca se refiere a las universidades estatales como públicas".
"Esta iniciativa propone un órgano que no existe hoy que es el Consejo Superior, que va a formular las estrategias políticas de la Universidad, al que se integrarían tres personas nombradas por el gobierno. (…) Además se flexibilizan las gestiones administrativas, lo que expone a una alta vulnerabilidad laboral", dijo Camila Miranda
Carlos Ruiz Schneider, senador universitario y Director de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, coincide en que la precarización de la condición laboral de funcionarios y académicos es una de las principales debilidades del articulado. Y es que este elimina la norma que limitaba el porcentaje de personal a contrata y los honorarios en las instituciones estatales. "Hay un profundo sentido de comunidad en los miembros de la universidad, que se pierde con estas modificaciones".
Para la ex Rectora de la Universidad de Aysén Roxana Pey, el proyecto constituye "un atentado que pasa a llevar la autonomía de una manera flagrante a la Universidad y a su comunidad". A juicio de la académica, "el mecanismo de este modelo es construir un mercado. Estamos en una mantención de la mercantilización oculta, solapada en estas dos leyes. (…) Los lobbystas del mercado de la educación metieron mano. Lo único que nos queda es ser enfáticos y duros en hacer llegar esta postura a los parlamentarios".
En el último número de la Revista Anales, Pey señaló en el artículo Autonomía universitaria y democracia, que "la democracia exige ciudadanas y ciudadanos críticos, cultos, informados, conscientes, solidarios, dignos, que no sean fácil presa de la manipulación, el individualismo o la desazón. La democracia, la humanidad, nos atrevemos a decir, requiere de espacios de profunda libertad para el estudio y el despliegue del pensamiento crítico y para pensarse a sí misma. Ese espacio libre es la universidad en pleno ejercicio de su autonomía, en la fiera defensa que de esa autonomía sea capaz su comunidad deliberante y democrática. Por eso la universidad para algunos ha sido y es tan inconveniente como peligrosa y para otros, tan valiosa".
Un modelo de universidad estatal ajeno a la tradición cultural republicana y democrática
Actualmente un Comité de Coordinación Institucional junto a estudiantes, funcionarios y académicos trabaja en una propuesta. Este fue uno de los acuerdos de la instancia que reúne a la Rectoría, al Consejo y Senado Universitario y al Consejo de Evaluación.
Carlos Ruiz es enfático en indicar que el análisis de este proyecto de Ley ha sido un trabajo constante del Senado, instancia que ha realizado observaciones y ha presentado indicaciones.
"Tenemos que respaldar la idea de tener una Ley de Universidades estatales, pero no como ésta. Este proyecto no puede pasar, hay que rechazarlo", afirmó Carlos Ruiz.
Para Ruiz "más allá de estas debilidades y vacíos fundamentales, el proyecto de ley desconoce el sentido y el horizonte que marca la historia pasada y presente de las demandas de los académicos, funcionarios y estudiantes de las universidades públicas en Chile. Promueve un modelo de universidad estatal completamente ajeno a la tradición cultural republicana y democrática que, con enormes dificultades y a contrapelo de los gobiernos de la transición, se ha ido reconstruyendo en nuestro país".
Por ello es clave también impulsar un debate y contribuir a generar un movimiento a nivel de todas las universidades estatales.
"En lugar de generalizar el modelo de estatutos de la Universidad de Chile, esto significa llevar a la Universidad de Chile al modelo que todos estaban rechazando", dice Ruiz.
