Quizás el asesinato de profesores ocurrido durante la dictadura y que está más presente en nuestra memoria fue el de los militantes del Partido Comunista Manuel Guerrero, José Parada y Santiago Nattino, quienes al momento de ser degollados trabajaban en la articulación de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH). Fueron secuestrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) los días 28 y 29 de marzo; Guerrero y Nattino en su lugar de trabajo, el Colegio Latinoamericano de Integración.
Los profesores y profesoras reprimidos, torturados, ejecutados y que aún están desaparecidos conforman una larga lista. Su gremio fue uno de los más golpeados por la dictadura.
De acuerdo a lo señalado por Gabriel Muñoz, licenciado en historia “se ha podido establecer que un total de 103 profesores fueron víctimas de terrorismo de estado: 58 ejecutados, 45 detenidos desaparecidos”.
En un documento publicado por el Centro de Estudios Miguel Enríquez, aparecen las historias de los profesores ejecutados y desaparecidos después del Golpe. La de Luis Emilio Maturana, profesor de la Escuela Básica N3 de Santiago, que el 8 de junio de 1976 salió de su casa y nunca llegó a clases. Fue detenido en Estación Central y luego torturado. Hoy es un detenido desaparecido. O la de Luis Almonacid, profesor de Rancagua, detenido en su casa y ametrallado el 16 de septiembre de 1973. En Temuco, la de Pedro Ríos, asesinado en octubre de 1973.
Relata Gabriel Muñoz que “de los 20000 dirigentes de base que tenía el SUTE (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, creado en 1973, con más de 100.000 socios) sólo en 2 años quedaban 800, el resto fueron sancionados y despedidos. En 1973 se ordenó la suspensión del descuento por planilla de las cotizaciones al SUTE, en 1974 a través de otro decreto de ley (1284) se canceló su personalidad jurídica”.
Al mismo tiempo que ocurría esta represión con el magisterio, la educación pública comenzaba a ser desmantelada por la dictadura. Si durante la Unidad Popular se había impulsado la enseñanza en todos sus niveles, incluyendo el mayor acceso a la universidad, los años que siguieron al Golpe significaron una ruptura con el camino que el país había trazado en materia de educación pública.
En su artículo “Lo público y lo privado en la educación chilena”, el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades Carlos Ruiz se refiere a una carta que Pinochet le dirige al Ministro de Educación del año 1979, Gonzalo Vial. En ese documento se explicita el “retiro del Estado de su función fundamental de apoyo a todo un recorrido educacional que no se limita al tramo básico, lo que significa un corte fundamental con la idea de una posible contribución de la educación a la formación de la ciudadanía (lo que ha sido tradicionalmente, en la historia de Chile, una función de la educación secundaria). Más en general, el texto implica una ruptura con el principio de igualdad de oportunidades, cuyo rango de aplicación no se agota, naturalmente, en la enseñanza básica. Este abandono del criterio de igualdad de oportunidades educativas, y del compromiso estatal en apoyarla, significa en realidad un refuerzo a la diferenciación y a la selección fundada en criterios económicos”.
Hoy SABERES DOCENTES recuerda a las víctimas del magisterio que la dictadura se llevó y con ellos a un pedazo de la educación pública que aún estamos tratando de recuperar.
