Ante la ola de protesta social iniciada en Santiago y extendida a regiones, y la respuesta represiva del Gobierno, las académicas y académicos del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA) de la Universidad de Chile declaramos lo siguiente:
- Los actos de desobediencia civil gatillados por el alza en el pasaje del Metro y el repudio frente a la represión policial, constituyen acciones legítimas por parte de un pueblo que está expresando, de manera contundente, el malestar social incubado durante más de cuatro décadas de dictadura y post dictadura.
- Ese malestar tiene su origen en la desigualdad social, en la precarización del empleo y en la expropiación de los derechos sociales más básicos. El reverso de esta desposesión de las mayorías ha sido el tratamiento privilegiado de los poderosos, especialmente los grupos económicos nacionales y extranjeros, autorizados por la clase política para depredar la naturaleza, evadir impuestos y abusar de las y los trabajadores.
- Esta indignación ha sido exacerbada por autoridades políticas insensibles frente al sufrimiento de la población y negligentes en el manejo de este descontento, sumiéndonos en una crisis que tiene su origen en el egoísmo y en el ethos represivo que nunca han abandonado. La declaración del Estado de Emergencia y la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, por parte del Presidente de la República, son medidas gravísimas e inadmisibles en un gobierno elegido democráticamente.
- Las protestas que recorren nuestras calles son parte de un movimiento nacional, latinoamericano y mundial contra la desigualdad, el daño a la naturaleza y todas las formas de exclusión social. Los ejemplos recientes de Puerto Rico y Ecuador nos recuerdan que somos parte de un continente explotado pero también con una larga tradición de lucha, en la cual nos reconocemos. En estos países, al igual que en Chile hoy, los reclamos se dirigen contra una clase política incapaz de responder a las demandas de los pueblos que dicen representar y que, por el contrario, se colude con los intereses del gran capital.
- Como educadoras, educadores, trabajadoras y trabajadores de la educación pública, nos sentimos parte de este malestar social y nos sumamos con responsabilidad a las acciones de protesta legítima emprendidas por amplios sectores de la ciudadanía. Por este motivo, repudiamos de manera enérgica las medidas que nos declaran enemigos internos de la República; unas medidas permitidas por la Constitución dictatorial cuya derogación es ahora impostergable.
¡No a las alzas que empeoran nuestra calidad de vida!
¡No a la criminalización de la protesta social!
¡Fin al Estado de Emergencia!