Una vez más son los/as estudiantes los/as que despiertan y remecen la conciencia del país para cuestionar las bases profundamente segregadoras de las estructuras económicas y sociales que por décadas se le han impuesto a la nación. Este nuevo movimiento se inscribe en línea de continuidad con las movilizaciones estudiantiles de los años 2006, 2011 y 2018, todas las cuales lograron mover las barreras de lo que parecía imposible e impulsaron al país a avanzar en una educación sin lucro, gratuita, de calidad y no sexista.
Particularmente, son los estudiantes secundarios del Instituto Nacional, que sin mediar provocadores consejos ministeriales, ya se levantaban muy temprano para desde alejadas comunas concurrir a su liceo, quienes a través de sus acciones y llamados a la evasión frente al alza del pasaje del metro han logrado que el país no siga evadiendo la discusión y la acción en torno a la profundidad de las consecuencias de uno de los modelos económicos más inequitativos del mundo, que encuentra una de sus mayores expresiones en el ámbito educativo. Los mismos que no tienen una compañera sentada a su lado para regalarle una rosa, aunque estén a buen precio.
Hoy como antaño, los estudiantes no sólo inquieren al mundo adulto sobre el sistema educativo, sino sobre el sistema de salud, laboral, de pensiones, la destrucción del medio ambiente, la corrupción institucional entre tantos otros temas, logrando movilizar a los distintos sectores sociales y de trabajadores del país, entre ellos a los/as profesores/as y a los/as docentes universitarios/as.
Sin duda los actos de violencia y vandalismo merecen una condena categórica de todos nosotros. Pero también requieren el cuestionamiento de por qué es posible que esa violencia aflore. La misma condena merecen los poderes e instituciones a cargo de la seguridad y el orden público, que claramente no han estado a la altura de los acontecimientos. La democracia y el respeto por los derechos humanos exigen que las autoridades civiles y militares del país dispongan de todas las medidas para que en todo momento, en especial en tiempos de crisis, ellas sigan siendo respetadas de modo irrestricto, por sobre cualquier diferencia o coyuntura. De lo contrario, la sociedad chilena queda nuevamente expuesta a procesos y acontecimientos que pueden socavar la convivencia democrática del país.
Condenamos la militarización de nuestras ciudades, así como la represión ejercida por las fuerzas militares y policiales particularmente contra jóvenes estudiantes, a quienes una vez más se pretende criminalizar por alzar su voz. No estamos en guerra. Estamos ante la oportunidad de generar un nuevo pacto social construido desde cada escuela, cada comuna, cada región, un pacto que desde la diversidad social, territorial, étnica y de género permita el surgimiento de un Chile inclusivo basado en la justicia social.
Nos sumamos al llamado a la comunidad universitaria a mantenerse alerta en la movilización, en un Campus abierto, que acoja y propicie la reflexión, el diálogo y la acción en torno a los momentos históricos que vive nuestra nación.
