- Que en el momento de crisis institucional que vive el país, resulta inaceptable que las niñas, niños y jóvenes se vean expuestos a la vulneración de sus derechos mediante la acción u omisión del Estado.
- Que las instituciones educativas del Estado deben acoger la discusión pública, estando llamadas a contribuir en la búsqueda de salidas democráticas y propuestas de cambio, tanto a nivel interno como externo. Esto supone una decisión ética-política de las escuelas de promover y educar en la participación democrática a través del diálogo, la discusión y la deliberación de los propios actores docentes y estudiantes en sus espacios, sin cerrarlos, pues el cierre es una forma brutal de silenciamiento.
- Que, como educadoras y educadores, llamamos al gobierno y a sus instituciones educativas a asumir su responsabilidad en proteger la vida e integridad de las comunidades escolares y de educación inicial, particularmente infantes y estudiantes.
El clima de movilización social debe motivar acciones de escucha y comprensión de las demandas sociales. En el ámbito educativo, llamamos a las autoridades del Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación, y la Superintendencia de Educación a hacerse cargo de promover un clima de protección en las instituciones educativas.
Desde el Departamento de Estudios Pedagógicos buscaremos las formas de promover el diálogo y defensa de la democracia, considerando nuestro rol de formadores de docentes para las comunidades educativas y la institucionalidad pública de educación.
