1. Rechazamos la violencia policíaca-estatal dirigida hacia niñas, niños, niñes y jóvenes de este país, quienes parecen ser considerados permanentemente como sujetos sospechosos ante los que habría que tener acciones de control y no de cuidado, como le corresponde al Estado chileno. Esta violencia se ofrece de manera evidente, sin máscaras y tiene una larga historia de impunidad cuando los abusos provienen por parte de agentes del Estado.
Los hechos del 18 de noviembre, cuando funcionarios de Carabineros dispararon a NNA dentro de la residencia Carlos Macera en Talcahuano, dependiente del SENAME, dejando a dos de ellos heridos, son una muestra más de que Carabineros agrede con violencia a las/os/es niñes de nuestro país, vulnerando sistemáticamente sus derechos.
2. Alertamos sobre lo que permite concluir el uso del lenguaje del presidente de la República, Sebastián Piñera, cuando elige nombrar como “niños accidentados” a los niños baleados por un funcionario policial, así como en su momento eligió referirse a “los eventos del puente Pío Nono” en vez de nombrar el empujón que recibió un niño de 16 años por parte de otro funcionario policial. Y, hoy, luego de, por fin, hacer renunciar al General Rozas, cuida su dignidad y señala que tiene el mayor aprecio, admiración y gratitud por su labor al mando de la institución de Carabineros de Chile. Todo ello torna evidente que el presidente y, en su nombre, el gobierno, no entienden ni tienen un compromiso genuino con lo que son los DDHH ni las infancias. Lamentablemente, los/as/es niños/as/es no están primero dentro de sus valores y enfoques políticos.
3. Por la gravedad de lo vivido en este último tiempo, desde la revuelta social iniciada el año pasado, hasta el reclamo actual permanente por las demandas de vidas dignas, creemos que es importante por parte de las diferentes instituciones que se ocupan de las infancias, exigir una investigación seria y completa de los hechos ocurridos. A la luz del extremo de la violencia policial ejercida ayer sobre el cuerpo de tres niños a cargo del Estado, no basta con la renuncia de Rozas, es necesario la reestructuración completa de la institución de la policía que implica su orgánica interna, refundarla desde un control civil, democrático, con enfoque de Derechos Humanos. Además de ello, lograr que se ejerza justicia, es decir, que se investigue y responsabilice a todos quienes corresponda por los hechos mencionados, visibilizando la línea de mando y el control que, supuestamente, tiene el órgano político que tiene a cargo a la institución. Ambos procesos son necesarios para ir reparando el daño que esas acciones han provocado en la ciudadanía infantil y evitar que siga creciendo en el marco de un Estado que les ha desamparado y vulnerado en sus derechos, con las terribles consecuencias que de allí se desprenden para la construcción de una vida política común.
La protección integral de los derechos de la niñez requiere, entonces, de un compromiso político y social que establezca un pacto de cuidado intergeneracional que garantice el resguardo irrestricto de la dignidad y la vida de niñas, niños, niñes y adolescentes.
