- Que el ataque a los comuneros mapuche y las ofensas racistas, incluida la quema de un rewe en la ciudad de Victoria, muestran la vigencia de un conflicto centenario que el Estado de Chile no ha sabido resolver por la vía política. Este conflicto se ha agudizado durante los últimos 46 años debido al apoyo deliberado que los gobiernos de turno han entregado a los poderes económicos que operan de manera avasalladora con las comunidades mapuche en la Región de la Araucanía.
- La toma de los edificios municipales tuvo como propósito apoyar a los comuneros que se encuentran en huelga de hambre desde hace 90 días, a quienes no se ha concedido el arresto domiciliario que ha beneficiado a otras personas en el contexto de la crisis sanitaria. La negación de este beneficio para comuneros que se encuentran en prisión preventiva, mientras se indulta a reos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad, sólo aumenta la indignación frente a la desigualdad con que opera el Gobierno en los casos de personas mapuche movilizadas por sus derechos.
- Los hechos ocurridos el 1 de agosto revisten especial gravedad, porque se ha llegado a un punto en que la política estatal favorece el enfrentamiento entre civiles, dando espacio a sectores racistas que operan con impunidad en la Región de la Araucanía. Las imágenes y audios que circulan en las redes sociales muestran que hubo complicidad policial, pues los atacantes actuaron de manera orquestada durante el toque de queda, sin respetar las normas de distanciamiento físico que exige la crisis sanitaria y a vista de los contingentes policiales. También es decidor que sólo los comuneros hayan sido detenidos.
- Nos parece alarmante que estos hechos coincidan con la visita del recientemente nombrado ministro del Interior Víctor Pérez, lo que parece ser una señal inequívoca del endurecimiento de la política represiva para abordar un conflicto que es histórico y político. Por este motivo, demandamos al Congreso que exija una investigación sobre estos hechos y la participación tanto de Carabineros como de personeros del gobierno, incluido el Ministro del Interior.
Concluimos esta declaración pública expresando nuestra solidaridad con los integrantes del Pueblo Mapuche que han sido y que son parte de esta comunidad académica: estudiantes y profesores invitados. Ustedes nos han enseñado que la lucha por la transformación social nos desafía a incorporar todos los horizontes históricos y eso incluye la erradicación de todas las formas de racismo. Nos indigna y nos duele la violencia que han vivido, también nos preocupan las consecuencias políticas que estas expresiones de odio puedan tener en este momento decisivo para la historia del país. Por eso repudiamos el actuar de un gobierno represivo e indolente, al cual exigimos que transite, de una vez por todas, el camino de la política.
Santiago de Chile, 3 de agosto de 2020.
