Una nueva Constitución para un nuevo Chile

El proceso constituyente iniciado en octubre de 2020 fue el camino que la gran mayoría de los chilenos eligió como vía para enfrentar —y tentativamente resolver— los conflictos y tensiones de la sociedad chilena que llevaron al “estallido social” de octubre del año anterior. El análisis histórico de ese episodio demostró que dichos conflictos y tensiones llevaban décadas incubándose. Consecuentemente, los anhelos y reivindicaciones de los distintos actores políticos y sectores sociales que emergieron en ese contexto —quienes habían permanecido relativamente excluidos del debate político, y algunos de ellos por largos años— se hicieron escuchar en la Convención Constitucional. Dichos actores lograron traducir sus dolores y esperanzas en normas que, una vez aprobadas por 2/3 de los convencionales, se incorporaron a esta propuesta de Una nueva Constitución para un nuevo Chile; a partir de la cual cabe esperar se inicie una nueva etapa en la historia de nuestro ordenamiento institucional, en la cual todas y todos nos sintamos plenamente reconocidos y respetados, y tengamos a nuestra disposición los mecanismos y espacios políticos que nos permitan resolver pacíficamente nuestras diferencias y trabajar mancomunadamente por el bienestar de todas y todos.

En la propuesta de Nueva Constitución es posible observar un conjunto de elementos  que representan un cambio significativo y trascendente desde una perspectiva histórica: la afirmación de derechos políticos que durante muchos años se negaron, el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, la responsabilización del Estado en asuntos que éste siempre eludió, la distribución del poder de manera mucho menos concentrada, etc. Todas estas innovaciones exhortan a una reflexión histórica que las ponga en perspectiva, para así valorar adecuadamente el texto constitucional sobre el que las chilenas y chilenos debemos pronunciarnos el próximo 4 de septiembre.