Rechazo provoca en la Facultad fallo de tribunales sobre "píldora del día después"

Los Centros de Estudios de Ética Aplicada y de Género y Cultura en América Latina se mostraron contrarios al fallo emitido por el Tribunal Constitucional que revoca la disposición legal, que facultaba al Ministerio de Salud para distribuir el anticonceptivo de emergencia en la red de consultorios del país.

La información revela que el Tribunal en cuestión ha acogido los recursos legales presentados por sectores autodenominados "pro-vida", que, aduciendo razones vinculadas a los efectos supuestamente abortivos del fármaco Levonorgestrel, han impugnado el reparto de la sustancia contraceptiva, al mismo tiempo que otras instancias semejantes tendientes también a la prevención de embarazos, como es el método combinado, así llamado Yuzpe, señala la declaración del Centro de Estudios de Ética Aplicada.

Del mismo modo, el Centro de Estudios de Género y Cultura en América latina manifiesta que "esta decisión, en contra de políticas preventivas de embarazos no deseados, atenta contra los derechos humanos en la medida que coarta la capacidad de decidir respecto del uso de los medios sanitarios disponibles que existen en la actualidad para la regulación de la fertilidad. Esta decisión nos parece que es, asimismo, una forma de intentar normar la intimidad de las personas, y muy particularmente, el ejercicio de la sexualidad de las mujeres".

El Centro de Estudios de Ética Aplicada agrega que "los argumentos del recurso que ha motivado la decisión de retrotraer las medidas sanitarias anteriores, constituyen  una expresión de intereses particulares y visiones de realidad no compartidas por el conjunto de la ciudadanía, dado que se derivan de adhesiones a códigos de moralidad particulares que desconocen el carácter plural de las sociedades contemporáneas".

En un último punto, el Centro de Estudios de Género realiza un llamado a las autoridades de Gobierno para organizar una consulta ciudadana y pública, que revele lo que piensa la mayoría en este país respecto de las normativas propuestas por el Gobierno y que han sido impugnadas por un núcleo de poder político que busca controlar los cuerpos de las mujeres según sus propuestas ideológicas minoritarias en la sociedad chilena.