Entre otras, cabe mencionar las declaraciones a la prensa hechas en junio por el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, en cuanto a que el Gobierno impulsaría una serie de reformas a la Educación Superior que no reconocen las diferencias entre las universidades estatales, las del Consejo de Rectores y las privadas no tradicionales, lo que provocó el rechazo del Rector de nuestra Universidad. Coincidentemente, se anuncia un fondo de mejoramiento institucional que extiende los convenios de desempeño para universidades estatales a todas las universidades acreditadas. Además, se nombran representantes del Gobierno en las universidades Estatales que en su mayoría son personas que han defendido opciones privatizadoras en el ámbito de la educación. Por su parte, el actual proyecto de presupuesto nacional presentado por el Gobierno constituye una implementación de facto de esta tendencia.
El Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile, en acuerdo unánime, considera que estas señales conforman una amenaza para las universidades estatales. Mediante planteamientos que sostienen que las universidades serían todas iguales, se desconoce la función que necesariamente cumplen las universidades estatales y de la cual tanto se ha beneficiado y debe seguir beneficiándose nuestra nación. Tal política debilita nuestras instituciones en su rol de servicio público que las diferencia del resto, ya que, al instalar una competencia por el financiamiento guiada por criterios de mercado, se termina por inhibir esa función que le es propia. En definitiva, se refuerza la idea de minimizar la responsabilidad del Estado mediante una privatización, en la práctica, de todo el sistema universitario chileno.
Resulta preocupante constatar que cambios fundamentales se pretendan instalar mediante instrumentos de financiamiento, sin mediar discusión alguna con los actores involucrados. Este camino condujo al desastroso estado actual de la educación básica y media, justamente como resultado de políticas educacionales que se impusieron sin participación ni debate.
Llamamos a las autoridades a que, en esta oportunidad, cualquier reforma resulte de una deliberación pública. En forma especial exigimos que se reconozca explícitamente el rol que le corresponde a las universidades estatales. Finalmente, convocamos a los miembros de la comunidad universitaria chilena a hacerse parte de este debate que sentará las bases para el desarrollo futuro de nuestra nación.
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