En conformidad con lo que el Rector de la Universidad de Chile y también la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile advirtieron hace algún tiempo frente a la opinión pública, en relación a una entrevista de prensa al encargado de educación superior del Ministerio de Educación, de nuevo en las últimas semanas se ha venido difundiendo una serie de medidas y declaraciones de autoridades que, nos parece, implican serias amenazas para el desarrollo de las actividades de las universidades del Estado y, en general, para las universidades del Consejo de Rectores.
Entre otros puntos, se insiste en desconocer las diferencias entre las universidades del Consejo de Rectores y las nuevas universidades privadas creadas durante el régimen militar, en lo que se refiere a convenios de desempeño para el otorgamiento de financiamiento estatal y para el otorgamiento de becas a los estudiantes. La continuidad de la contribución del Estado para las actividades de interés nacional se encuentra amenazada - con lo que el 14% que recibe la Universidad de Chile, se reduciría al 7% de sus gastos - y se suprime también el Aporte Fiscal Indirecto a los mejores estudiantes de la educación media.
Por otra parte, y esto reviste naturalmente la mayor importancia para la Facultad, aún no se entregan los fondos para el proyecto de Revitalización de las Humanidades, las Artes, las Ciencias Sociales y de la Comunicación, aprobado por el Estado de Chile y que apuntaba a compensar el inmenso daño que significaron las políticas del régimen militar para el desarrollo de estas disciplinas y saberes críticos, sin que haya fondos por este concepto en el presupuesto del año 2011.
Es por esta razón que apoyamos con nuestra convicción más plena las recientes declaraciones de nuestro Rector y del Senado Universitario en el sentido de que por la vía administrativa y a través del presupuesto y la discusión del financiamiento, se están cambiando políticas públicas que afectan a instituciones ligadas entrañablemente con la identidad del Chile republicano. Cambios de tal magnitud, que alteran profundamente el proyecto país de educación superior, requieren la participación de los agentes involucrados y la deliberación pública más amplia y meditada posible. En realidad, en toda una serie de documentos de comisiones ministeriales que reunieron a actores de muy distinto signo político y desde el retorno a la democracia, se viene sosteniendo que las políticas educacionales del país deben reflejar consensos profundos y no visiones ideológicas que, ya lo sabemos, apuntan a una privatización completa de la educación superior.
Nos parece también con el Rector y el Senado de la Universidad, que revisten una especial gravedad las propuestas que tiende a hacer equivalentes a instituciones regidas por leyes de la República, que tienen más de un siglo y medio de desarrollo con niveles de calidad comparable a las mejores universidades de América y del mundo, con instituciones creadas por un régimen militar con un interés ideológico específico, que nunca fue debatido, y que tuvo como objetivo la apertura, con las mayores facilidades posibles, del campo de la educación superior a la empresa privada, que en Chile carece de una tradición de vinculaciones con los ámbitos académicos y cuyos resultados, particularmente en el campo de la investigación, son muy poco significativos.
Por último no podemos dejar de subrayar que parece contradictorio con los fundamentos mismos de las políticas de educación superior de los años 1980 y que continuaron después gracias a las Leyes Orgánicas Constitucionales, que se termine otorgando financiamiento estatal a las mismas instituciones que, según la teoría, debieran haber contribuido a disminuir el gasto público en educación superior.
