Los recientes acontecimientos suscitados con ocasión del devastador terremoto que asoló al territorio japonés, han demostrado que el recurso al empleo de energía nuclear para la generación eléctrica implica riesgos de muy difícil administración, cuyas consecuencias -sobre todo en caso de desastres como los ocurridos hace unos días- son ciertamente imprevisibles, y que no hay fundamento alguno que pueda asegurar su completa inocuidad.
Afirmamos que el deber del Estado es propender al desarrollo del país impulsando sólo aquellos proyectos que situándose más allá de los intereses individuales, particulares o sectoriales -sean estos económicos o políticos-, contemplen la seguridad y el bienestar general de la población, previniendo con sensatez cualquier posibilidad de que las medidas y decisiones adoptadas se reviertan lesivamente en contra de los intereses superiores de la nación, en un marco de absoluto reconocimiento de derechos y respeto por las personas.
Estimamos que la implementación de estrategias de desarrollo basadas en el empleo de energía nuclear es incompatible con la búsqueda de preservación de una vida humana digna sobre la Tierra, porque arriesga indefectiblemente la existencia de la población mundial actual y compromete las condiciones de subsistencia de las generaciones futuras, que podrían recibir un medio ambiente destruido de modo irreversible.
Esperamos que las autoridades de nuestro país asuman a cabalidad su tarea histórica y dirijan todo su esfuerzo político y moral a fomentar el desarrollo de otros tipos de energías, verdaderamente limpias y enteramente sustentables, que no pongan en riesgo ni a los chilenos de hoy ni a los que ocuparán nuestro territorio el día de mañana.
Santiago, 17 de marzo de 2011.
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