En la actualidad América Latina el problema de la desaparición forzada es lacerante. No es sólo un problema del pasado, sino, lamentablemente, muy actual. En todos los casos los Estados, por acción u omisión, han sido los responsables. En ese contexto, que el gobierno de Chile se plantee como objetivo la búsqueda de los desaparecidos tiene una dimensión reparatoria, pero también, de alto simbolismo e impacto. En primer lugar hace responsable al Estado de la búsqueda, por lo tanto de la reparación del daño. Sabemos también que en la mayoría de los casos muy probablemente no se encontrarán los restos, pero eso no exime de la obligación de buscar toda la verdad y conseguir justicia.
El hecho de plantearlo como una obligación del Estado, evita que, como hasta ahora, la responsabilidad caiga de manera preferente en la familia y el entorno de los afectados. La desaparición es un crímen de lesa humanidad, es decir, ha dañado a toda una comunidad y por ende, todos como sociedad, y en este caso representados por el Estado, debemos hacernos cargo.
Las medidas en torno a las víctimas del estallido social van en el mismo sentido, pero con una diferencia muy importante y esta tiene que ver con hacerlo de manera oportuna. Una señal potente para el futuro, para recalcar también que hubo una sistemática violación a los derechos de las personas, que el responsable es el Estado y es el Estado quien debe responder, pero sobre todo que la impunidad también atenta contra el derecho de toda la comunidad de saber la verdad y conseguir justicia. La impunidad es, de una u otra forma, una forma de castigo a las víctimas, y una muy mala señal para las nuevas generaciones y para las garantías de no repetición. En ese sentido, las medidas propuestas por el gobierno son valorables y un avance significativo en la materia.
Es así como el principal desafío, creo yo, es asumir que, cincuenta años después nuestro país aún vive en la fractura enorme que dejó el Golpe de Estado y la dictadura. Como sociedad no hemos podido recuperar la convivencia dañada, ni restablecer las confianzas, pero sobre todo, y como lo ha demostrado el proceso constituyente, nos falta avanzar en la reconstrucción del tejido democrático, en la consolidación de nuestros derechos más esenciales, dejar atrás nuestros miedos más atávicos. Creo que nuestro desafío es avanzar en ese sentido. Eso se hace con más verdad, con más justicia, con sacar lecciones del dolor y sobreponerse al odio, con esperanzas en el futuro. Creo, sobre todo, que Chile necesita una nueva constitución que sirva de base para armar este proceso.
