El Tribunal Supremo de Filipinas suspendió el 9 de octubre una nueva ley de Internet criticada por establecer penas de cárcel por difamación en línea y otorgar al gobierno amplios poderes de acceso y control de información privada de usuarios en la red.
"La respetamos y cumpliremos con ella", escribió la secretaria de Justicia Leila de Lima, en un mensaje de texto a la prensa este martes, en referencia a la decisión unánime del tribunal para suspender la aplicación de la ley por 120 días. "Continuaremos con nuestra defensa por un ciberespacio seguro y por la interdicción de la delincuencia organizada".
Quince peticiones fueron presentadas ante el tribunal en oposición a la Ley de Prevención de Delito Cibernético de 2012, que entró en vigor el 3 de octubre. Una portavoz de la Corte Suprema, María Victoria Gleoresty Guerra, dijo que el gobierno contaba con 10 días para presentar una respuesta inicial a las peticiones. Los argumentos orales están programados para el 15 de enero.
La ley establece sanciones para varios delitos relacionados con la informática, incluida la pornografía infantil, robo de identidad, fraude online y el acceso ilegal a redes informáticas. También establece que la difamación en línea sea punible con pena de prisión, norma que los críticos advierten podría dar lugar a la criminalización de actividades comunes como compartir mensajería -posts- en Facebook y Twitter.
Otro punto discutido de la ley es la potestad que ésta entrega al gobierno para reunir información sobre los usuarios de Internet y bloquear sitios web. Esta norma, tanto como las medidas punitivas de la ley, provocó un fuerte revuelo entre la ciudadanía, que tras la aprobación de la ley convocó a protestas públicas, campañas en los medios sociales y hackeos de los sitios web del gobierno.
El senador Edgardo J. Angara, principal autor de la ley en el Senado, dijo que agradecía la suspensión para que la ley pueda ser debatida y mejor comprendida públicamente. "Lo que la Ley de Prevención de Delito Cibernético hace es regular sólo los actos socialmente destructivos", dijo Angara ", porque no puedes disfrutar de tu derecho plenamente y con seguridad si los demás tienen un derecho equivalente para interferir tu derecho".
Por otra parte, congresistas opositores se comprometieron a luchar hasta que la ley sea derogada o revocada por la Corte Suprema. "Una orden de restricción temporal, emitida por unanimidad, es la primera victoria en la batalla para defender nuestra libertad y el derecho de expresión", dijo el Senador D. Teofisto Guingona III, quien votó en contra de la medida. "Que la Corte emita una orden de suspensión por unanimidad es un fuerte mensaje de su creencia de que los peligros y temores de la gente son reales y deben ser tratados. "
Human Rights Watch instó el martes a la Corte Suprema a anular la ley y a debatir abiertamente toda nueva legislación de internet. "Todas las disposiciones de la legislación de Filipinas que permiten la pena de prisión por expresión pacífica, deben ser derogadas", dijo Brad Adams, director para Asia de la organización.
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